ap1.jpg

Ultima actualización

Lunes 07 Abril 2014, 21:41

SNAP

PDFImprimirE-mail

Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP)

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue creado en 1992, en el marco de la Ley de Medio Ambiente que define a las áreas protegidas como patrimonio del Estado y de interés público y social. Si bien antes de esta fecha ya existía un número de áreas protegidas en el país – el primer Parque Nacional ya se creó en 1939 –, su organización y manejo no respondían a un enfoque sistémico, ni se articulaba con políticas y normas ambientales de manera integral. Desde el momento de su instauración, el Sistema experimentó un crecimiento espacial de más del 1000% en su superficie, y su gestión fue diversificando y consolidándose con la participación de nuevos actores, con la apertura de las políticas y estrategias de gestión hacia nuevas formas y ámbitos de manejo, esenciales para la sostenibilidad de las áreas protegidas, como por ejemplo el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad, la gestión de tierras y la participación social en el manejo. Como resultado de este intenso proceso, el SNAP hoy en día constituye un Sistema altamente complejo y diversificado.

Las áreas protegidas en términos legales constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país (Ley del Medio Ambiente, Nº 1333).

Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, incluye al conjunto de Áreas Protegidas del país, con diversas categorías de manejo y niveles de administración, que funcionan enlazadas bajo un Régimen Especial común que incluye un marco conceptual, político, institucional y normativo específico.

Las áreas que conforman Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia abarcan un conjunto de 49 áreas protegidas de carácter nacional y departamental constituidas legalmente (Anexo Nº 2 y 3), abarcando en total aproximadamente 22,5% del territorio nacional. La legislación vigente establece con mayor claridad los mecanismos de gestión para las áreas protegidas de carácter nacional y departamental, mientras que todavía existen varios vacíos respecto a las áreas protegidas de carácter municipal.

Las áreas protegidas (APs) de importancia nacional ocupan 15,5% (17.004.796,8 has.) del territorio nacional; respecto a las APs departamentales y municipales, no se tiene un registro oficial de su superficie estimándose que ocupan unos 7% del territorio nacional. El Sistema alberga la mayor or parte de la biodiversidad del país, la mayoría de los ecosistemas representativos, alrededor del 80% de las especies de plantas superiores y helechos, y en los taxa de vertebrados entre 65% y 80% de las especies. Las áreas protegidas además incluyen una parte considerable del patrimonio cultural de nación.

Los servicios ambientales que prestan las APs son fundamentales para el desarrollo de grandes regiones del país, especialmente en torno a la regulación atmosférica (O2, CO2), hídrica y el suministro de aguas.

La mayoría de las áreas protegidas del país están habitadas – principalmente por pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias – y tienen además relaciones funcionales de uso con la población en sus alrededores: sólo en las 22 áreas de carácter nacional viven alrededor de 200.000 habitantes, y se relacionan de una u otra forma con alrededor de cien municipios – 66 con superposiciones territoriales directas – que cuentan con aproximadamente 2 millones de habitantes, sin contar la población de las grandes urbes cercanas a las APs (La Paz, Santa Cruz, Tarija). Además, estas áreas protegidas tienen coincidencias espaciales con 14 territorios indígenas o TCOs (Tierras Comunitarias de Origen); dos de ellas han adquirido doble estatus por el grado de superposición (Las Áreas Protegidas Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure y Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas). Estas áreas de mayor biodiversidad existente en las APs coinciden ampliamente con las áreas de extrema pobreza rural.

Tanto este complejo contexto administrativo y territorial, como la problemática general relacionada con los recursos naturales y la propiedad sobre la tierra hacen que la gestión del Sistema de Áreas Protegidas de Bolivia se constituya en una tarea compleja y exigente. Para que el manejo de las APs sea efectivo en función de los objetivos generales de gestión para el SNAP se requiere la integración de los territorios destinados a la conservación con su contexto político y socioeconómico. La tarea adquiere dimensiones considerables debido, en gran medida, a la magnitud de la extensión espacial del Sistema, asociada a los derechos y las características de ocupación y uso de los recursos de la biodiversidad por la población local, así como, por los intereses de aprovechamiento de recursos no renovables (gas, petróleo, minerales) dentro de las APs, que tienen un fuerte peso en la economía nacional. La variedad y amplitud de las intervenciones de todo tipo en estas áreas, la problemática del uso y tenencia de la tierra, las necesidades básicas insatisfechas y pobreza extrema hacen que un gran espectro de actores esté constantemente involucrado en los diferentes aspectos de manejo, frecuentemente con intereses encontrados que generan presiones de muy variada índole.

 

PDFImprimirE-mail

Objetivos Generales de la gestión del SNAP

El nuevo marco político del país (Nueva Constitución Política del Estado y Plan Nacional de Desarrollo) otorga plena validez a los objetivos generales del SNAP y retoma las experiencias y avances en la propia historia de gestión del SERNAP / SNAP, por tanto, los siguientes objetivos resumen el mandato legal para la gestión del Sistema de la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente y enfatizan la función social del desarrollo que tienen las áreas protegidas del país8:

  • Conservar el patrimonio natural y cultural de las APs y su entorno.

  • Contribuir al desarrollo integral y con identidad a nivel nacional, regional y local.

 

PDFImprimirE-mail

Visión del SNAP

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas cumple de manera sostenida con sus funciones ambientales y culturales y con sus funciones sociales y económicas; se ha constituido a través de ello en un factor relevante para el desarrollo del país y es plenamente reconocido por la sociedad nacional. La gestión del Sistema es asumida como responsabilidad conjunta entre las instancias competentes del Estado y las organizaciones sociales de las áreas protegidas y su entorno, en el marco de la gestión compartida, tanto para el manejo de áreas protegidas de importancia nacional como de áreas protegidas comunales, municipales y departamentales”.

 

PDFImprimirE-mail

Principios

Los principios que rigen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP 2002) son:

  • Respeto, valoración y recuperación de la diversidad cultural y natural.

La diversidad cultural y natural de nuestro país, reflejada en las Áreas Protegidas, debe ser vista como una fortaleza y oportunidad. Fortaleza debido a que durante siglos los pueblos indígenas y comunidades tradicionales han establecido una relación de respeto y correspondencia con la naturaleza que les ha permitido desarrollar una serie de conocimientos, habilidades y prácticas generalmente compatibles con la conservación de la biodiversidad. La oportunidad se da en la valorización y recuperación de conceptos, representaciones, orientaciones y actitudes encaminadas a la conservación del medio ambiente, así como el respeto a las formas de vida y los ecosistemas. La recuperación de valores culturales que ayuden a la compatibilización del desarrollo de la población local y los objetivos de conservación de biodiversidad y gestión ambiental es fundamental y permite un real respeto, valorización y recuperación de la diversidad natural. Este principio es básico para la búsqueda de una verdadera sostenibilidad social del proceso de conservación y gestión ambiental en las Áreas Protegidas y su entorno.

  • Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales.

Significa el reconocimiento a la relación de reciprocidad y convivencia existente de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas con el entorno natural y el medio ambiente; a su identidad, cosmovisión del mundo, tradiciones y modos de vida y, a sus formas de organización y elección de autoridades. Implica también el reconocimiento al territorio y, al uso y aprovechamiento sostenible de los del derecho a la tierra y recursos naturales renovables en el marco de los objetivos de conservación de las áreas protegidas.

  • Integralidad del desarrollo y la conservación.

Implica, tener presente la interrelación e interdependencia de las dimensiones, económica, social, política y ambiental, en términos de: i) considerar los procesos de transformación productiva y los ciclos productivos y de consumo en afinidad con el ecosistema con el que se interrelacionan ; ii) promover la equidad con relación al acceso, control y distribución de los recursos y con relación a la satisfacción de las necesidades básicas considerando la diversidad social y territorial, en un marco de respeto al medio ambiente; iii) impulsar la participación social en los procesos de toma de decisiones y en la ejecución de las acciones en un marco de respeto a la diversidad cultural y natural; iv) proteger, conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la biodiversidad.

  • Participación efectiva en la gestión de las Áreas Protegidas.

Se refiere a impulsar la participación con igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad étnica y cultural, así como de género y grupos generacionales en los procesos de toma de decisiones respecto a la formulación y ejecución de los objetivos, líneas de acción, orientaciones estratégicas y prioridades en la gestión integral de las áreas protegidas. De forma paulatina se debe fortalecer a organizaciones territoriales originarias relacionadas con el territorio del área protegida (TCOs, Ayllus, Markas, Capitanías y otras) para que éstas puedan generar capacidades con el objeto de apoyar en la gestión del área protegida a través de la co-administración o de su participación en el Comité de Gestión.

  • Justicia en la distribución de beneficios como un imperativo ético, social, político y ambiental.

Los beneficios económicos generados por actividades impulsadas por el SERNAP deben orientarse principalmente a la reducción de la pobreza, al mejoramiento de la calidad de las poblaciones locales asentadas al interior de las áreas protegidas o en sus zonas de influencia.

  • Subsidiariedad.

Implica la delegación de responsabilidades; en el marco de las políticas del SNAP se traduce en desconcentración y descentralización” (SERNAP 2002).

 

PDFImprimirE-mail

Ámbitos Estratégicos

 

Los ámbitos estratégicos de acción constituyen grandes áreas de intervención que conducen, en su conjunto y de manera interrelacionada e interdependiente, al cumplimiento de los objetivos generales de gestión, planteados en “Nuestra Agenda para el Cambio”, en el marco de las políticas para el SNAP. En mérito a que el Plan be ser elaborado en correspondencia con las prioridades del plan del sector y de los objetivos de gestión, tal como se concreta más adelante, a continuación se presenta una breve caracterización de los ámbitos estratégicos de gestión del SNAP:

Preservación del patrimonio natural y cultural.- Comprende básicamente medidas de protección en sentido tradicional y de manejo de ecosistemas, especies, patrimonio arqueológico e histórico para su preservación en el tiempo. Incluye la investigación y el monitoreo ecológico de la biodiversidad. En relación al sistema de protección se enfatiza, en el marco del nuevo enfoque de gestión para el Sistema, la necesidad de buscar una mayor integración y corresponsabilidad social con un perfil alternativo de los equipos de vigilancia y control.

Desarrollo económico social sostenible.- Las acciones para generar ingresos, empleo y otros beneficios sociales y económicos a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad – incluyendo al ecoturismo – constituyen uno de los ámbitos de intervención más importantes para cumplir frente a los actores locales con los objetivos de gestión del SNAP. En función de ello, se prevé incluir gestiones con los sectores económicos del país y con programas que soporten y den sostenibilidad a estos procesos orientados a mejorar las condiciones de vida y para las actividades productivas. Además, se apoyará la facilitación del acceso a servicios sociales para los habitantes en las propias áreas protegidas.

Participación social en la gestión de las APs.- En la perspectiva de la sostenibilidad social, la participación directa en el manejo de las APs de los actores sociales es fundamental para la apropiación local de los objetivos de conservación y gestión. Se promueve la implementación gradual de diferentes modalidades de participación y asunción de corresponsabilidad creciente en la gestión, según las características sociales y étnicas específicas de cada área.

Vinculación de la gestión con el contexto político administrativo, institucional,

organizativo y territorial.- La sobreposición territorial y funcional de las áreas protegidas con los diversos espacios político administrativos (departamentos, municipios, mancomunidades, TCOs) y con unidades tradicionales de gestión (ayllus, marcas, capitanías y otras) así como la necesidad de proyectar y promover los valores y la visión de desarrollo del SNAP hacia la sociedad nacional, requieren de la implementación de estrategias que permiten asegurar la integración de las APs con su contexto y sostenibilidad política y social. La autoridad nacional del SNAP es el principal actor para posicionar el Sistema a todos los niveles políticos y sociales relevantes, además de vincularlos con contextos externos al país.

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes.- El SERNAP tiene que adecuar, en función de los nuevos enfoques y los ámbitos de gestión, sus capacidades administrativas, orgánicas, normativas, de planificación, relacionamiento y manejo informativo a los retos de la gestión del SNAP. Esto comprende necesariamente una readecuación efectiva de las estructuras y funciones internas de organización y operación institucional, tanto a nivel central como desconcentrado, de los instrumentos de gestión respectivos y la disponibilidad de recursos humanos idóneos.

Gestión de financiamiento sostenible.- Los gastos recurrentes, financiamiento de proyectos y fortalecimiento institucional deben ser asumidos de manera progresiva con ingresos generados por servicios de las propias áreas protegidas y fuentes nacionales, lo que permitirá reducir la dependencia de recursos externos por parte del Sistema. En un nuevo marco de relacionamiento se requiere de la concurrencia financiera de todos los actores, lo que implica responsabilidades compartidas y, especialmente, un mayor compromiso del Estado con la generación de condiciones políticas, normativas e institucionales adecuadas para ello.

 

PDFImprimirE-mail

Marco Filosófico de Gestión: Gestión Compartida

Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP) en 1992, la participación social en la gestión de las áreas protegidas, en mérito al reconocimiento de la existencia de poblaciones al interior de las áreas protegidas, al reconocimiento de sus derechos a la propiedad y aprovechamiento de los recursos naturales, al reconocimiento de sus derechos a mejorar su calidad de vida y buscar su desarrollo y en reconocimiento, también, a la falta de consulta previa para la declaratoria de las mismas, ha marcado la orientación básica para su gestión integral.

En este contexto la normativa definió instancias de participación formal en la gestión de las áreas protegidas como los Comités de Gestión o los Convenios de Coadministración, orientados, principalmente, a mejorar los niveles de aceptación e involucramiento de los actores sociales ligados a las áreas protegidas en forma amplia, horizontal y transparente, con limitaciones en su capacidad de decisión y en la falta de discernimiento entre actores con derechos territoriales preconstituidos y otros actores vinculados a las áreas protegidas.

Si bien estas instancias de participación han cumplido un rol muy importante en la construcción de la gestión, institucionalidad y sostenibilidad social de las áreas protegidas, su evolución y desarrollo no ha sido homogéneo, en algunos casos las expectativas de los actores sociales, principalmente aquellos con derechos territoriales preconstituidos sobre la jurisdicción de las áreas protegidas, han superado las posibilidades de acción de las instancias formalmente definidas, con demandas de participación efectiva en las decisiones políticas, estratégicas y normativas sobre la gestión de las mismas, en co-responsabilidad con el Estado (responsable de precautelar el bien común) y, movilización de por medio, han definido una nueva agenda para el Sistema orientada a construir la Gestión Compartida.

En este marco se entiende a la Gestión Compartida como una nueva modalidad de conducción de las áreas protegidas, destinada a profundizar la participación social en la gestión pública de las mismas y donde las decisiones y las responsabilidades son compartidas entre el Estado y las organizaciones sociales con derechos territoriales reconocidos.

Este modelo implica el respeto a la responsabilidad del Estado de cumplir su mandato de resguardar el patrimonio natural y cultural de la nación y el respeto a los derechos de la población que legalmente habita las áreas protegidas, lo cual Implica, un reconocimiento a derechos territoriales preconstituidos de los habitantes del área protegida, una mayor inclusión de objetivos y visiones de los Pueblos Indígenas y Originarios en la Gestión de cada área protegida, la aplicación del principio de subsidiariedad (entendida como la delegación paulatina de mayor responsabilidad en la gestión de las áreas protegidas a instancias locales), implica avanzar hacia la construcción de la sostenibilidad social y política entre el área protegida y la población local, así como el respeto a la libre determinación, a la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas en sus decisiones y a su continuidad y desarrollo en sus áreas tradicionales de ocupación, finalmente, muestra la necesaria atención y reconocimiento de las demandas sociales de mayor participación y responsabilidad en la toma de decisiones políticas, estratégicas y normativas sobre la gestión de las áreas protegidas, etc.

 
joomla template